¿POR QUÉ BOLIVIA NO LOGRA BAJAR DE 100 FEMINICIDIOS ANUALES DESDE EL 2015?

diciembre 6, 2021

Hace una semana, Keyla pasaba por  la calle Figueroa  cuando fue interceptaba por  uno de  sus  amigos. Luego de una discusión,  él  sacó un cuchillo del bolsillo y la  asesinó a sangre fría ante la    vista de la gente que transitaba por el lugar.

La joven se desangró y murió durante su traslado al Hospital de Clínicas. El lunes, Mónica fue asesinada a golpes por su esposo. El jueves, Viviana perdió la vida luego  de permanecer en estado vegetal  por siete meses a causa de los golpes de su pareja. Los tres casos se reportaron en  el departamento de La Paz. En lo que va del año,  Bolivia ya suma 102 casos de feminicidios.

Este panorama  no cambió en los últimos años. Desde el 2015, Bolivia  supera los  100 casos de  feminicidios anuales. Según los especialistas, esta situación ocurre por al menos cuatro factores que van desde la falta de presupuesto hasta la carencia de especialistas para atender a las víctimas de violencia.

De acuerdo con los  datos del Observatorio de Género de la Coordinadora de la Mujer,  en 2015 se registraron 110  casos de feminicidios;  en 2016, 111; en 2017, 109;  en 2018, 130; en 2019, 117 y  en 2020, 113. Pese a que no concluyó el 2021, el país ya  reportó 102.

Según la fundadora de la Fundación de Voces Libres, Mercedes Cortez, esta elevada cifra de feminicidios “es resultado del olvido del Estado a un tema que debería ser prioridad:  la lucha contra la violencia”.

Con una postura similar,  la directora de la Coordinadora de la Mujer, Tania Sánchez,   aseguró a Página Siete  que el feminicidio es la consecuencia de una vida de constante violencia.

“La violencia es un problema estructural de un sistema patriarcal de los hombres que  subordinan a las mujeres y la relación entre ellos. Históricamente se ha construido ese sistema  patriarcal sobre el cuerpo de las mujeres, ya que la mayor expresión de este sistema es el machismo que  se ejerce a través de la violencia en todas sus formas”, explicó Sánchez.

Según la representante de la Coordinadora de la Mujer, la violencia  es una demostración de la relación de poder inequitativa que existe  en nuestra sociedad y está respaldada por un sistema patriarcal, capitalista y colonial.

Cortez, la representante de la Fundación Voces Libres,  recordó que el Estado asumió compromisos internacionales y que se convirtieron  en ley -como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (Cedaw, por sus siglas en inglés)- pero  todavía  no se puede avanzar en la reducción de los  casos.

Con la implementación de la Ley  348 para Garantizar a las Mujeres una Vida libre de Violencia -vigente desde 2013- “se declaró de prioridad nacional  no sólo la disminución, sino la erradicación de la violencia  contra las  mujeres, la sanción, la persecución e incluso la reparación del daño a la víctima. Sin embargo, todo esto quedó en teoría”.

Cortez indicó que esta  norma nunca se aplicó  como debería porque hasta  ahora no  se tienen  jueces especializados en violencia  y los pocos que hay en el país son jueces mixtos que llevan casos de corrupción y de violencia a las mujeres.

Además, los tribunales y los jueces -encargados de sancionar con una sentencia tampoco son especializados en violencia-. “Menos existen médicos forenses especializados”, dijo.

“Es decir que las mujeres han tenido que entrar a la rutina y al calvario que implica un proceso penal. Han mezclado los casos de violencia y feminicidio en la misma bolsa. Esta situación hace que un proceso penal tenga que durar hasta seis años o más en todas sus instancias, por lo que el 98,7%  de las mujeres víctimas de agresiones abandonan sus procesos y regresan al círculo de violencia  y se convierten en potenciales víctimas de feminicidio”, indicó.

La fundadora de Mujeres de Fuego, Ángela Nogales, dijo  que lamentablemente las mujeres deben llegar casi  muertas para denunciar y acceder a una valoración forense. “Para que se inicie un proceso, muchas veces se llama a la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) y  llega tarde. Incluso cuando ya se  está recogiendo a  la mujer para llevar al IDIF”, sostuvo.

Cuando una mujer decide denunciar, recibe una mala atención  de los funcionarios. “No hay calidad y calidez al momento de presentar la queja”,  explicó a este medio Nogales.

La presidenta de la Asociación de Víctimas de Feminicidio, Estela Quintana, afirmó que otro problema es que pese a que la mujer sabe que existe esta norma, no la conoce. “La gran   mayoría de las mujeres no conoce los 16 tipos de violencia consignados en la Ley 348. Entonces,  si ellas  no conocen, no denuncian”, aseguró.

Si algunas se atreven a denunciar, se chocan con un sistema burocrático. Deben esperar   mucho tiempo la valoración médica y la determinación de los días de impedimento, según Quintana.

Algunas  víctimas no  denuncian por el idioma. “Muchas mujeres hablan  en una lengua originaria, pero lamentablemente el personal no puede darles atención”, explicó Quintana.

Cuando quieren llamar a la Policía para presentar la denuncia tampoco conocen las líneas telefónicas. “Los dígitos para hacer la queja tienen ocho números, pero nadie se va a memorizar, menos en un momento  (complejo). Por esa razón  es importante que cambien el número por uno de tres dígitos”, dijo la representante de las familias y aseguró  que las líneas se deben conocer a nivel nacional.

Cortez  sostuvo que debido a esas falencias, sólo se sanciona  el  1% de los casos. “Es decir que el 99% está impune”,  agregó.

En el resto de los casos, el agresor vio  que es fácil   hacer que la víctima retire la  denuncia o desista del proceso.  “Han hallado figuras penales que no existen”, explicó.

 Por ejemplo, los agresores  hacen que las víctimas indiquen a través de un  memorial  que ellas se inventaron la denuncia. “Eso genera una impunidad mayor porque el agresor no siente el peso de la ley y de la justicia”, dijo.

Explicó que el ciclo de violencia crece y va en espiral,  hasta llegar a la expresión máxima que es el feminicidio.

El artículo 76 de la Ley 348 establece sanciones alternativas en casos de agresión. La primera se refiere a los   trabajos comunitarios obligatorios,  como la limpieza de parques, plazas y edificios. La segunda  consiste en la  detención domiciliaria el fin de semana, pero no se aplica.

De acuerdo con Nogales,   también es urgente  contar con personal especializado y capacitado en los SLIM (servicios legales integrales municipales) y en la Fiscalía. Se debe evitar además la  chicanería jurídica en los juzgados.

“Si bien la familia de una víctima de feminicidio ha peregrinado   y  cuando al final llega a un juicio, el mismo se suspende porque no hay abogado, porque no han notificado y  porque los testigos no fueron”, dijo Nogales y aseguró que  el hecho  de no  respetar los plazos procesales representa un cansancio.

Pese a todos los problemas,  Sánchez indicó que la Ley 348  tuvo  algunos cambios positivos: ahora  se reconoce la muerte de la mujer por ser mujer y se pone el nombre de feminicidio. Pero la activista explicó que la aplicación de la norma se concentra más en el tema  punitivo”. “Falta   trabajar -desde el gobierno, la sociedad civil y los medios de comunicación –  en la prevención”, añadió.

 “Llama  mucho la atención  que ahora la violencia, la  agresividad y la  rabia con la que  se ejercen los feminicidios es muy alta. Se siente como si fuese un enfrentamiento porque se interpela a ese desquicio de poder”, agregó Sánchez.

Las especialistas coincidieron que es importante fortalecer los sistemas de salud y  educación, además se debe mejorar en el tratamiento de este delito en los medios de comunicación para evitar que no se naturalice la violencia. Además, según las  expertas, se deben  asignar mayores recursos para mejorar el servicio de atención a esta problemática. Indicaron que es urgente cambiar la Ley 348 y que ya existe una propuesta.

La presidenta de la comisión mixta que investiga la  retardación de justicia en los casos de  feminicidios, Estefanía Morales, dijo  que  se espera que en  2022 se incorpore esa propuesta para reformar  esta  norma y así  acelerar  los procesos.

Recordó que hace una semana se presentó una petición de informe oral  al presidente del Tribunal de Justicia y el fiscal general  para acelerar  los procesos que están  en etapa preparatoria y otras en un juicio. “Hay que resaltar que sí estamos coordinando”, sostuvo.

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