EN SU PRIMER AÑO DE GOBIERNO, ARCE ENFRENTA UN PARO INDEFINIDO

noviembre 9, 2021

El mandatario ha presentado su primer informe de gestión ante el Congreso en medio de los abucheos de la oposición. Dos años después de la caída de Morales, Bolivia continúa muy polarizada

El presidente de Bolivia, el izquierdista Luis Arce, cumple este lunes un año de Gobierno en medio de una enorme polarización. El mandatario tuvo serias dificultades para presentar el informe de su gestión, en medio de los abucheos y silbidos de los parlamentarios opositores. Además, una coalición de fuerzas opositoras y sindicatos inició un paro indefinido en contra de una ley aprobada hace meses por el oficialista Movimiento al Socialismo (MAS), mayoritario en la Asamblea Legislativa. El paro se empezó a notar sobre todo en Santa Cruz, en el oriente del país.

Entre los organizadores de la huelga indefinida están los comités cívicos regionales, que tuvieron un papel protagónico en el derrocamiento del presidente Evo Morales, jefe de MAS, el 10 de noviembre 2019. Pero el sector que ocupa la primera línea es el de los “gremiales”, que son los comerciantes informales que distribuyen la mercancía importada legal o ilegalmente en cientos de mercados por todo el país. También se han sumado algunos sindicatos de transportistas y los médicos, confrontados con los gobiernos del MAS desde hace años. Estos últimos no dejarán de trabajar.

Los “gremiales” y sus aliados exigen la derogación de una ley que establece una “estrategia en contra de la legitimación de ganancias ilícitas y el financiamiento al terrorismo”. Esta norma incorpora cambios en el Código Penal y la aprobación de otras leyes específicas para mejorar la lucha contra el lavado de dinero. Los empresarios de la economía informal se oponen a que se investiguen de manera más libre y amplia sus cuentas y movimientos bancarios. Así lo han expresado también las cooperativas mineras, que tienen mucho poder de movilización, pero que hasta ahora se han mantenido al margen del conflicto.

Los empresarios regulares también simpatizan con esta postura. Unos y otros argumentan que la imposición de más controles y la ampliación de las atribuciones de los investigadores aumentarán la inseguridad de las inversiones y el trabajo comercial y empresarial, mientras que la oposición política acusa al Gobierno de querer usar las nuevas leyes para “incrementar la persecución política”.

Los principales medios de comunicación han amplificado las sospechas de la oposición, cuyos grupos más radicales afirman que Arce está tomando un rumbo “dictatorial” y que sigue los pasos de los gobiernos socialistas de Venezuela y Cuba. Como resultado, las dudas sobre la estrategia gubernamental contra el lavado de dinero se han masificado y se expresan sobre todo en las clases medias, que son antagonistas del Gobierno, pero también en los sectores populares, tradicionales votantes del MAS.

“La ley 1386 vulnera varios preceptos constitucionales, atenta contra la propiedad privada y faculta al Estado a intervenir, a simple sospecha, las cuentas bancarias y las comunicaciones personales, y a abrir procesos contra cualquier ciudadano, todo al margen de las leyes”, publicó la Gobernación de Santa Cruz, dirigida por Luis Fernando Camacho, el principal líder de las protestas que antecedieron al derrocamiento de Evo Morales hace dos años. “En manos del Gobierno masista es un arma más para presionar y perseguir a quienes no nos arrodillamos ante su régimen autoritario”, añade la publicación.

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